Cuba, la mayor cárcel del mundo

La ONG europea Cuban Prisoners Defenders ha hecho público hoy un informe con las cifras reales y actualizadas del número de presos que hay en la isla, más de 90.000, de los que 11.000 sufren condenas pre-delictivas

Susana Gaviña

Susana Gaviña

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Actualizado:14/01/2020 16:58h

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Esta mañana se ha presentado en Madrid un informe que recoge los datos penales «más significativos» de Cuba actualizados «y hasta ahora inéditos». Elaborado por la ONG europea Cuban Prisoners Defenders, recoge el número total de presos del sistema penitenciario, número de presos por causas, así como el número de presos por su conducta (condenas pre-delictivas), y que afecta principalmente a aquellas personas que va en contra «con la moral socialista», esto es, disidente, opositores y emprendedores.

Según el documento, en la actualidad habría alrededor de 90.000 presos en las cárceles cubanas, lo que convertiría a Cuba en el país con mayor población reclusa del mundo, con 794 reclusos por cada 100.000 habitantes (el segundo lugar lo ocupa EE.UU.). Un dato que desmiente las cifras que el régimen cubano ofreció, a través del periódico «Granma», su órgano de propaganda, en 2012, cuando indicó que la población reclusa era de 57.336, lo que rebajaba a 510 el número de presos por cada 100.000 (y situaba a Cuba en el sexto puesto a escala mundial). Estos datos son los únicos que estaban todavía vigentes, a falta de una actualización oficial, según la información publicada por el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) en su página web, donde se mantienen los de 2012.

Cifras que aparecen en la página web de ICPR

Cifras que aparecen en la página web de ICPR

El informe indica que al año se inician en Cuba más de 32.000 causas penales, que se traducen en que entre 35.000 y 40.000 personas son acusadas anualmente en sede judicial, y entre el 92 y el 93% declaradas culpables. Esto es, entre 32.000 y 37.000 personas. De los declarados culpables reciben sanciones de privación de libertad el 69% a nivel nacional, es decir, entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario.

Estos datos, inéditos hasta ahora, han podido ser elaborados por la ONG Prisoners Defenders gracias «a documentación interna del régimen que he remitido a enlaces diplomáticos y está contrastada e indubitada», explica a ABC Javier Larrondo, presidente de la ONG.

El informe, presentado hoy en la sede de la Fundación Transición Española, hace hincapié en los expedientes de pre-delictiva, «presos sin delito, datos que hemos obtenido de estudios de prisiones, fichas de expedientes y datos macro obtenidos de filtraciones de aparatos del Estado. Sabemos desde hace casi un año que son del orden de 11.000 casos, 8.400 directamente entre rejas como ahora conocemos con exactitud, y que confirman los documentos internos contrastados con la documentación oficial». Una documentación a la que ha tenido acceso este periódico y ha podido consultar.

Larrondo denuncia vehementemente, este tipo de condenas, que reflejan «la represión de derechos de opinión y la arbitrariedad que se destila con los 11.000 presos por pre-delictiva, es decir, por prejuicios y sin delito, es algo tristísimo. Son 11.000 familias afectadas cada año, con familiares con penas de 1 a 4 años, sin que hayan cometido delito alguno, donde la pena media es de más de 2 años de prisión».

Prisiones y campos de trabajo forzado

Sobre la divergencia de cifras, entre las que admitió el régimen en 2012 a través de «Granma», frente a las recogidas ahora, Larrondo subraya la veracidad de estas últimas. «Yo tengo documentación oficial contrastada que he podido enseñarles, y "Granma" es un mero diario propagandístico que no es siquiera oficialmente del gobierno. La cifra que da Prisoners Defenders, por desgracia, es cierta y exacta. Son 90.300 los presos convictos, y 37.500 los condenados que están en otras situaciones de tipo penal no carcelaria, a cierre del primer semestre de 2019». Según el informe, habría en la actualidad un total de 127.800 personas que están cumpliendo tipos penales en Cuba, «y la mayoría internados en prisiones y campos de trabajo forzado. Es una barbaridad».

Estos datos sitúan a Cuba como la mayor cárcel del mundo «sin duda alguna, y lleva siendo así desde hace decenas de años. El problema es que sólo ahora hemos podido demostrarlo con documentos oficiales indubitados», subraya el presidente de PD en referencia a la opacidad del régimen cubano.

El informe se detiene también en los indultos masivos y excarcelaciones que viene realizando el Gobierno cubano desde hace años, para controlar el gasto penitenciario y hacer sitio en las cárceles hacinadas para nuevos condenados, especialmente los condenados por conducta antisocial (que afecta a disidentes, opositores y emprendedores). «Los presos comunes son liberados o pasados a otros regímenes para abaratar los costes del sistema carcelario, y esta política es constante desde 2015. El porcentaje de presos políticos, sobre el total, aumenta cada año que se hacen políticas de liberación y drenaje carcelario de presos, porque no afecta a los políticos ni los desafectos con el sistema. Ni los indultados presidencialmente cada año para abaratar los costes de prisión (drenaje carcelario), entre 2.000 y 3.000 anuales, ni los que obtienen medidas diferentes a las de encarcelación, afectan en igual grado a los presos políticos o a los desafectos con la "revolución" que a los presos comunes», señala Larrondo.

Según los datos recogidos en el informe, 21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba.

Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders

Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders

Tras tener estos datos en la mano, el presidente de PD, ONG que ha denunciado al régimen cubano, ante la ONU y la CPI de La Haya, por la explotación de los médicos cubanos en las misiones internacionales, y que ha hecho campaña pidiendo la liberación del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, asegura que lo más grave que ha podido contrastar es la represión que sufre la población cubana. «Una población no delictiva, tranquila. En Cuba no hay clanes, mafias ni conflictos raciales, religiosos o de otro tipo. En Cuba la población es buena, sencilla, de buen corazón. Su único delito es tratar de sobrevivir. El sistema no puede castigar ese intento de supervivencia cuando es incapaz de darle al cubano los mecanismos para ella, porque se ha enfrentado con todo el mundo, y porque su política de derechos económicos, amén de otros derechos, no le permite por Ley al cubano ni importar, ni recibir inversión para un negocio, ni tener suministro alternativo de insumos cuando los del Estado no son suficientes.».

Acostumbrado a desmentidos y a la manipulación de los hechos por parte del régimen, Larrondo no cree que en este caso el Gobierno de Cuba niegue estas cifras: «No lo tengo del todo claro, porque no conocen los documentos, muchos, oficiales, del más alto nivel, contrastados, y que ya fuentes diplomáticas tienen. Sería un precio de descrédito muy fuerte tanto externo, como interno con sus dirigentes, que saben que las cifras que damos son ciertas. El Dr. Edel González mismo [que ha estado en esta mañana en la presentación del informe, y al que ABC ha podido entrevistar] nos ha confesado, tras verlo cuando llegó a Madrid y dejarle estudiar los documentos, copias fidedignas, analizadas y contrastadas por expertos, que lo que hemos obtenido en Prisoners Defenders y Civil Rights Defenders es tristemente irrefutable».

(https://www.abc.es/internacional/abci-cuba-mayor-carcel-mundo-202001131157_noticia.html?fbclid=IwAR0UofWnQRbvHfy6AAe4pBVCjnniGwOMVcdhop6ECIgYKsVkHwSLGs_VbTc)

La charlatanería no paga: falso vidente a prisión por estafar casi 60.000 euros

Luis Santamaría

Si hubiera sido vidente de verdad, posiblemente Víctor Manuel Valdivieso Hernández no habría recurrido ante el Tribunal Supremo español la sentencia de cuatro años de cárcel que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le impuso en 2015 por un delito de estafa. Ni tampoco habría estafado a una pareja de hermanos de escaso nivel cultural. Porque, con toda seguridad, habría “visto” todo lo que ha venido después: una condena de 4 años de cárcel que el Tribunal Supremo ha ratificado once meses más tarde.

Así comienza Carlos Berbell su crónica del hecho publicada en el portal jurídico ConfiLegal. Según informa, esta sentencia la han suscrito por unanimidad los magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, José Manuel Maza, Luciano Varela, Antonio del Moral, Perfecto Andrés Ibáñez y José Ramón Soriano, quién, además, ha sido ponente.

Son cinco de las mentes más preparadas en materia penal en España. Los cinco lo han visto muy claro. Diáfano. Han tumbado todas las alegaciones del abogado defensor del popular “vidente” y “sanador”, que se pasará los próximos cuatro años tras las rejas.

Una celebridad en televisión

Víctor Manuel Valdivieso, alias “El brujo”, era un supuesto “reputado vidente” del pueblecito de Santa Úrsula, de 14.296 habitantes, situado al noreste de la isla de Tenerife, que venía ofreciendo “servicios de ‘ocultismo’, ‘esoterismo’ y misticismo’” desde su consulta, “Yara Magia Azul”.

Para llegar a “su público” publicitaba sus servicios a través de la emisora El Día TV (en la foto), lo que le convertía en una celebridad local y una autoridad en el mundo de lo desconocido. Como un Iker Jiménez, pero isleño.

Confiando en esa “sabiduría”, dos de sus espectadores –los estafados–, Felipe Hernández García, agricultor de profesión, y su hermana Dominga, administrativa en paro, se presentaron en la consulta muy preocupados para contratar sus servicios.

Al parecer, en su propiedad había aparecido un animal muerto y otros objetos que podían tener que ver con prácticas de brujería. A esa conclusión llegaron tras ver uno de los programas de televisión de Valdivieso.

Cómo engañó a sus víctimas

“Durante las entrevistas con los hermanos Hernández García, a los que hacía entrar separadamente en la consulta con la prohibición de que revelaran al otro lo que con él conversaban, el acusado pudo constatar la ignorancia y vulnerabilidad de ambos”, dice la sentencia.

Los dos estaban muy preocupados porque podían perder una finca de su propiedad. “Monte Frío”, se llama, situada en La Guancha. Su familia la había venido explotando durante generaciones. De ella se ocupaba Felipe. En esos momentos estaba siendo objeto de una reclamación judicial.

Durante las primeras consultas, Dominga y Felipe pagaron al condenado un total de 6.100 € por “hacer unos lavados” y “quitar los malos espíritus”. Los dos hermanos –ninguno de los dos estaba casado– vivían en el campo, junto a una tercera hermana discapacitada, enferma de epilepsia, de la que cuidaban. El vidente estafador se dio cuenta de que tenía, en los dos hermanos, una auténtica mina. Y se dispuso a explotarla a fondo.

“El brujo” les hizo creer que la vida de Dominga estaba en peligro, primero. Luego, que iba a sufrir un accidente fatal inminente. Y después, que la magia de la que estaban siendo objeto podía afectar gravemente a la salud de la hermana discapacitada.

Los Hernández García, angustiados, para conjurar todos los peligros que el vidente estafador les había anunciado, le pagaron 26.500 € en cuatro entregas, en cuatro días sucesivos (entre el 14 de diciembre y el 16 de enero de 2013). Lo que sumó un total de 32.600 €.

Estafa tras estafa

Pero ahí no acabó la cosa. Cuando Valdivieso se enteró bien de lo del procedimiento judicial, hizo creer a los dos hermanos que podía encontrar una solución a través de un supuesto familiar suyo, que era juez en Las Palmas, y de un conocido, que era notario en Tacoronte. Le aseguró que les conseguiría una resolución favorable.

Los hermanos Hernández García le pagaron otros 19.900 € el 13 de enero de 2013. A cambio, el falso vidente les entregó un documento en papel timbrado, firmado por él, haciéndoles creer que con ello sus problemas legales habían desaparecido.

Y hubo más. Valdivieso convenció al hermano varón, Felipe, de que podía acabar de una vez por todas con todas sus desgracias era necesario hacer una limpieza a fondo de la finca, lo que también curaría a su hermana, y que eso le costaría otros 11.700 €, que pagó entre el 14 y el 16 de enero. Los dos hermanos pagaron a Valdivieso un total de 64.200 €, es decir, todos sus ahorros.

Una condena rotunda

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife fue expedita y clara: 4 años de prisión por un delito de estafa, 3.000 euros de multa y obligación de devolver a los hermanos el dinero estafado, que cifraron, con precisión, en 58.190 €, además del pago de las costas.

El Tribunal Supremo los ha visto igual de claro, ratificando todas y cada una de las palabras que componen esa sentencia. Por eso rechazó el recurso de casación interpuesto por el condenado y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que consideró probado que el acusado, que anunciaba sus servicios en televisión, se aprovechó de la ignorancia y vulnerabilidad de sus víctimas.

La sentencia indica que la obtención del dinero se produjo al crear el acusado un riesgo imaginario que preocupó seriamente a los perjudicados por razón de sus condiciones y creencias personales, concurriendo el engaño bastante conforme a las exigencias objetivas y especialmente subjetivas que concurrieron en el hecho y en los sujetos pasivos.

Añade que los dos hermanos le atribuían, debido al ardid empleado, poderes para remediar sus males, un hecho que considera absolutamente falaz. Al “brujo” Valdivieso, en este caso, no le funcionaron esos poderes. Tendrá cuatro años para revisárselos con tranquilidad.

Ya debe estar en prisión

Valdivieso ya debe haber entrado en la cárcel. Así consta en el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a través del que se cita al penado ante la secretaría del tribunal para que, “sin excusas ni demoras”, sea requerido de ingreso voluntario en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación.

Según informa La Opinión de Tenerife, este tiempo se cumplió el pasado 2 de febrero y, en caso de que el ocultista incumpla la sentencia firme, la Sala advierte de que se decretará “su busca y captura oficiando a tal fin a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Desconocemos si esto ha sucedido, porque los medios locales no han vuelto a decir nada.

Los magistrados también requieren al procesado el abono de la indemnización a las víctimas y de la multa. Si no llega a abonar ese dinero, se procederá al embargo de los bienes de su patrimonio con los que se puedan hacer frente a esas cuantías, procediendo posteriormente al intento de venta en subasta pública.