La carta presentada ante la Asamblea General de la ONU expresó el rechazo a la represión en Xinjian y el Tíbet. Para la región, fue firmada por Honduras y Haití
7 de Octubre de 2020
Un grupo de 39 países, principalmente potencias occidentales y sus aliados, se unieron este martes en las Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
El grupo -en el que figuran entre otros Estados Unidos, Alemania, Japón, España o el Reino Unido- se mostró “gravemente preocupado por la existencia de una gran red de campamentos de reeducación política donde hay informes creíbles que indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente”.
En una declaración conjunta ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, estos países llamaron la atención sobre un creciente número de denuncias de “graves violaciones de los derechos humanos” y sobre las “severas restricciones” a las que se enfrentan los musulmanes de la minoría uigur.
“Una vigilancia generalizada sigue centrándose sobre los uigures y otras minorías y están apareciendo más informaciones de trabajos forzados y contracepción forzosa, incluidas esterilizaciones”, señaló el grupo.
Represión en una protesta por los derechos de los uigures (Reuters)
Represión en una protesta por los derechos de los uigures (Reuters)
Por ello, reclamaron a China que permita inmediatamente el acceso a Xinjiang de observadores independientes, incluida la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La carta fue firmada por solo dos países de América Latina y el Caribe: Honduras y Haití.
Los diplomáticos occidentales han dicho que China está acumulando más presión cada año para disuadir a los estados miembros de la ONU de firmar tales declaraciones, amenazando con bloquear la renovación de las misiones de mantenimiento de la paz para algunos países o impidiendo que otros construyan nuevas instalaciones de embajadas en China.
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El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, reaccionó casi inmediatamente, negando las acusaciones y arremetiendo contra esas naciones por “interferir en los asuntos internos” de su país y de tratar de crear “confrontación” bajo el pretexto de los derechos humanos.
Además, Beijing contó con el apoyo de otros Estados miembros, que también emitieron declaraciones conjuntas en defensa de las autoridades chinas.
En el caso de Xinjiang, Cuba leyó un texto en nombre de 45 países que respaldaron las “medidas contra el terrorismo y anti radicalización” que se llevan a cabo en la región, según reportó la agencia china Xinhua, sin detallar los estados firmantes.
Sobre Hong Kong, Pakistán presentó un mensaje respaldado por 55 países que dijeron apoyar la postura china en la excolonia británica.
“Campos de reeducación”
El mes pasado, el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) dijo que había identificado más de 380 “centros de detención sospechosos” en la región de Xinjiang, donde se cree que China ha retenido a más de un millón de uigures y otros residentes de habla turca, en su mayoría musulmanes.
Los nuevos edificios agregados en 2019 al campamento más grande de Xinjiang, en Dabancheng, cerca de Urumqi, se extienden a lo largo de un kilómetro, y la nueva construcción finalizó en noviembre de 2019
Los nuevos edificios agregados en 2019 al campamento más grande de Xinjiang, en Dabancheng, cerca de Urumqi, se extienden a lo largo de un kilómetro, y la nueva construcción finalizó en noviembre de 2019
En los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó a fines de septiembre un proyecto de ley que tiene por objeto prohibir las importaciones del Xinjiang, sosteniendo que los abusos contra el pueblo uigur están tan extendidos que todos los bienes de la región deben considerarse fabricados con mano de obra esclava.
En los últimos años se han repetido las llamadas desde Europa y Estados Unidos para que Beijing cierre los “campos de reeducación” para uigures en Xinjiang.
Las acusaciones de represión a minorías étnicas proceden principalmente de ONG y disidentes en el extranjero, mientras que Beijing negó la existencia de estos recintos hasta 2018, cuando indicó que se trataba de “centros de formación profesional” en los que se enseñan oficios para salvar a los musulmanes de Xinjiang del terrorismo y del extremismo religioso.
Los 39 países también llamaron la atención sobre la situación en Hong Kong y aseguraron que la controvertida ley de seguridad nacional incumple las obligaciones internacionales de China.
(Con información de EFE y AFP)
